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El Concejo Municipal de San José aprobó eliminar 13 plazas de la Policía Municipal para financiar las plazas de 2 gerentes del gobierno local josefino.
La decisión se tomó por mayoría durante la sesión ordinaria durante la noche de este martes 14 de enero. Fueron 8 votos a favor y 3 en contra (Iztarú Alfaro, Alexander Cano y Luis Murillo).
Crhoy.com informó el pasado 20 de diciembre que la Contraloría General de la República (CGR) acordó improbar las plazas de las 2 máximas Gerencias alegando que las justificaciones de administración municipal “no permiten acreditar que estas plazas cumplen con las condiciones establecidas en la Ley Marco de Empleo Público“.
El órgano contralor detalló que ambos puestos desempeñan roles que deben ser efectuados a través de la administración de forma ordinaria, por lo cual forma parte de la estructura organizacional.
Esas plazas corresponden a la Gerente de Gestión Municipal y Desarrollo Urbano, Jéssica María Martínez Porras; y la Gerente de Provisión de Servicios, Dahianna Marín Chacón, las cuales fueron rechazadas por la Contraloría.
A raíz de la situación, el subdirector jurídico del gobierno local denunció al alcalde Diego Miranda por un presunto incumplimiento de deberes al permitir que las funcionarias laboraran sin contenido presupuestario, aún sabiendo la resolución del órgano contralor.
“Ante la inexistencia de contenido presupuestario es jurídicamente inviable sostener los nombramientos de dichas plazas, por lo anterior debió el alcalde de acuerdo al cumplimiento de sus deberes, y obligación invigilando gestionar, notificar y diligenciar para comunicar a quienes ocupaban dichas plazas, de lo resuelto por la Contraloría General de la República”, indicó en la denuncia el subdirector jurídico.
En declaraciones a crhoy.com, desde la Alcaldía de San José expresaron su preocupación porque el ayuntamiento quedaba “en un estado de indefensión“, por lo cual enfatizaron sentirse muy preocupados porque en ocasiones anteriores ya el órgano contralor había aprobado dichas plazas.
Según la Alcaldía, el argumento de que dichas plazas no pueden ser puestos de confianza representó la justificación por primera vez, pese a que el cambio en las características de esas plazas fue una aprobación de esa administración y no de la actual.
Las plazas responden a guardas que renunciaron, se jubilaron o debieron ser despedidos por parte del gobierno local.
Source
Greivin Granados
